La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, se diseñó con el objetivo de equilibrar la producción económica y la conservación ambiental, estableciendo el marco legal necesario para el uso sustentable de los bosques nativos de Argentina. Sin embargo, casi dos décadas después de su promulgación, su implementación continúa sufriendo un desfinanciamiento sistemático que compromete seriamente los objetivos de conservación que la norma propone.
El proyecto de presupuesto nacional 2026 presentado por el Poder Ejecutivo asigna apenas el 3,5% de los fondos que la ley establece, marcando el menor financiamiento histórico desde su sanción. Esta situación ha generado la alarma de organizaciones ambientalistas, que advierten que la falta de recursos adecuados pone en riesgo la protección de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidos en todo el país.
La Ley de Bosques y el financiamiento mínimo
La Ley 26.331 fue creada para garantizar que el desarrollo económico no se diera a expensas de los bosques nativos, que cumplen funciones esenciales para la sostenibilidad ambiental y social del país. Entre sus objetivos, la norma establece la protección, restauración y el uso sustentable de los ecosistemas forestales, a través de la creación de herramientas legales como el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y programas específicos de implementación.
Según el artículo 31 de la Ley, este fondo debería recibir al menos el 0,3% del presupuesto nacional. Para 2026, esto equivaldría a $444.207 millones, sin embargo, el proyecto presentado asigna únicamente $15.843 millones, dejando un déficit de más del 96% respecto del mínimo legal previsto.
A su vez, el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos recibiría $1.624 millones, un monto que, según expertos, resulta insuficiente para garantizar la fiscalización, restauración y manejo sostenible de los bosques. La magnitud de esta reducción presupuestaria evidencia un patrón histórico de subfinanciamiento, que se mantiene a pesar de los reiterados reclamos de las organizaciones ambientalistas y de la relevancia estratégica que los bosques tienen para el país.
Impacto en la gestión territorial y conservación
“Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos. Las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios no reciben estímulos para usar de manera sustentable, conservar ni restaurar”, explica Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Esta falta de financiamiento tiene consecuencias directas sobre la capacidad de los gobiernos provinciales para ejecutar sus tareas de control y vigilancia. Las zonas donde la deforestación está prohibida continúan siendo afectadas por cambios de uso del suelo vinculados a la expansión agropecuaria, proyectos forestales, urbanización y obras viales. Al mismo tiempo, áreas ya deforestadas ilegalmente o afectadas por incendios permanecen sin ser restauradas, como estipula la ley. La ausencia de un registro nacional de infractores limita aún más la eficacia de las políticas públicas, dificultando la disuasión de los responsables y la aplicación de sanciones.
Historia de subfinanciamiento
El déficit presupuestario no es un fenómeno nuevo. Según señala Jaramillo, “desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente a los fines de una correcta implementación de la ley. Excepto en los inicios de la implementación de la Ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que realmente correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”.
La Ley de Bosques se diseñó como una herramienta estratégica para la protección de ecosistemas vitales, y su subfinanciamiento prolongado genera un riesgo ambiental y social que no puede ser ignorado. Cada año, la brecha entre los recursos legales mínimos y los efectivamente asignados se traduce en un retraso en la restauración de áreas degradadas, la imposibilidad de monitorear la deforestación ilegal y la falta de incentivos para los propietarios de tierras que podrían adoptar prácticas sostenibles.
Los bosques nativos y sus funciones esenciales
Los bosques nativos de Argentina cumplen un papel crítico como proveedores de servicios ecosistémicos. Entre sus funciones más destacadas se encuentran:
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Mitigación y adaptación al cambio climático: los bosques capturan carbono, ayudando a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero y facilitando la adaptación de los ecosistemas y las comunidades a condiciones climáticas cambiantes.
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Regulación hídrica: actúan como esponjas naturales, reteniendo agua, regulando caudales y reduciendo riesgos de inundaciones y sequías.
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Hábitat de biodiversidad: albergan miles de especies animales y vegetales, muchas de ellas endémicas y amenazadas, cuya conservación depende directamente de la protección de estos ecosistemas.
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Sustento de comunidades locales: proveen alimentos, medicinas y materiales de construcción, siendo esenciales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico local.
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Control de erosión y calidad del aire: regulan procesos naturales que afectan la fertilidad del suelo y la salud humana, contribuyendo a la estabilidad de los ecosistemas y del medio urbano.
La pérdida de bosques no solo tiene un impacto ambiental, sino que también produce efectos sociales y económicos severos, muchas veces irreversibles. La deforestación y degradación forestal afectan directamente la vida de las comunidades rurales, incrementan la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos y comprometen la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales para toda la población.
La oportunidad de un manejo sostenible
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación legal y una oportunidad para el desarrollo económico y social. Necesitamos voluntad política, capacidad técnica y los fondos adecuados para implementar esta ley como corresponde”, agrega Jaramillo.
Más allá del cumplimiento legal, la conservación de los bosques constituye una estrategia clave para el desarrollo sostenible, ya que permite generar empleos verdes, fomentar la producción sustentable y proteger el capital natural del país. Reducir la deforestación y restaurar áreas degradadas son medidas que se inscriben en un marco global de soluciones basadas en la naturaleza, alineadas con compromisos internacionales como:
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La carbono neutralidad para 2050, asumida por Argentina.
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El Convenio sobre Diversidad Biológica, que promueve la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
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El Acuerdo de París 2015, que establece metas para la mitigación del cambio climático y la protección de ecosistemas clave.
La combinación de voluntad política, financiación adecuada y capacidades técnicas constituye la base para una implementación efectiva de la Ley de Bosques, que permita proteger los ecosistemas críticos sin comprometer el desarrollo económico y social.
Consecuencias del desfinanciamiento
El subfinanciamiento histórico y la asignación insuficiente para 2026 implican que cada hectárea de bosque nativo recibiría apenas $298 al año, un monto irrisorio frente a las necesidades de conservación, restauración y manejo sostenible. Este déficit tiene múltiples consecuencias:
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Limitación en la fiscalización: las provincias no cuentan con recursos humanos ni técnicos suficientes para controlar la deforestación ilegal.
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Falta de incentivos para propietarios: quienes podrían implementar prácticas de conservación sostenible no reciben estímulos económicos, lo que reduce la adopción de métodos de producción compatibles con la conservación.
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Retraso en la restauración de áreas degradadas: los ecosistemas afectados por deforestación ilegal, incendios o degradación no reciben atención adecuada, perpetuando la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
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Debilidad en la política pública nacional: la ausencia de un registro centralizado de infractores limita la coordinación entre jurisdicciones y reduce la eficacia de las sanciones.
Estas limitaciones evidencian que, sin una asignación presupuestaria acorde a la ley, la protección de los bosques nativos seguirá siendo insuficiente y los objetivos de desarrollo sostenible quedarán comprometidos.
Fundación Vida Silvestre Argentina y el seguimiento de la Ley
La Fundación Vida Silvestre Argentina mantiene un seguimiento continuo de la implementación de la Ley de Bosques y de los presupuestos asignados. Cada año, la organización realiza recomendaciones y monitorea las brechas entre lo que establece la ley y los recursos efectivamente destinados a su cumplimiento.
Para 2026, la Fundación advierte que la asignación propuesta constituye el nivel más bajo de financiamiento desde la sanción de la ley, y que su insuficiencia pone en riesgo tanto la conservación de la biodiversidad como la capacidad del país para cumplir con sus compromisos climáticos y ambientales internacionales.
La Fundación ha desarrollado un micrositio exclusivo sobre la Ley de Bosques (www.leydebosques.vidasilvestre.org.ar), que recopila información oficial sobre la implementación de la norma desde su sanción hasta la actualidad. Este sitio permite acceder de manera interactiva a análisis basados en datos oficiales, facilitando la comprensión de la magnitud del problema y promoviendo la transparencia en la gestión de los bosques.
Urgencia y llamado a la acción
La situación actual exige una respuesta inmediata. La pérdida de bosques nativos no solo afecta a la biodiversidad, sino que también impacta en la calidad de vida de millones de personas, la estabilidad de los ecosistemas y la resiliencia frente al cambio climático.
Recuperar y conservar los bosques nativos es una necesidad estratégica y urgente, y la implementación adecuada de la Ley de Bosques constituye la vía legal y técnica para lograrlo. Esto requiere:
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Asignación presupuestaria acorde a la ley: fondos suficientes para garantizar fiscalización, restauración y manejo sostenible.
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Voluntad política: compromiso del Estado nacional y provincial para priorizar la conservación y cumplir con los objetivos de la ley.
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Capacidad técnica y coordinación institucional: fortalecimiento de los organismos responsables, desarrollo de registros de infractores y mejora en la coordinación interjurisdiccional.
Solo con estas medidas será posible proteger los bosques y asegurar la provisión de servicios ecosistémicos críticos para las generaciones presentes y futuras.
Bosques y soluciones basadas en la naturaleza
La reducción de la deforestación y la restauración de bosques degradados no solo protege la biodiversidad, sino que también constituye una herramienta clave de mitigación y adaptación al cambio climático. La implementación efectiva de la Ley de Bosques contribuye a:
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Reducir emisiones de gases de efecto invernadero mediante la captura de carbono.
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Incrementar la resiliencia de los ecosistemas frente a sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos.
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Mejorar la seguridad hídrica y alimentar a comunidades rurales y urbanas.
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Generar oportunidades económicas sostenibles basadas en el uso racional de recursos naturales.
En este contexto, el subfinanciamiento de 2026 constituye un obstáculo significativo para que Argentina cumpla con los compromisos asumidos en acuerdos internacionales y nacionales, como el Acuerdo de París y la meta de carbono neutralidad para 2050.
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