Vecinos, ONG y activistas ambientales exigen que se incluyan pasafaunas en la nueva concesión de la ruta Rosario – Victoria, pero el pedido permanece estancado en una disputa judicial
En los próximos meses, la Ruta Nacional 174, que une Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos) atravesando los humedales del río Paraná, cambiará de concesionario. Tras veinte años de gestión privada, Vialidad Nacional se prepara para adjudicar en septiembre el mantenimiento y administración de este estratégico tramo vial a una nueva empresa. Sin embargo, mientras avanza el proceso licitatorio, un fuerte reclamo ambiental mantiene en vilo a decenas de organizaciones y vecinos de ambas provincias: la inclusión obligatoria de pasafaunas en los pliegos de concesión.
Desde su inauguración, esta vía ha facilitado el transporte de mercancías y personas entre las regiones mesopotámica y pampeana, pero también ha implicado un impacto ambiental profundo. Animales como carpinchos, coipós, zorros, gatos monteses, tortugas y hasta yacarés mueren atropellados con frecuencia mientras intentan cruzar la ruta. La ONG rosarina Mundo Aparte lleva años documentando estos hechos y advierte que el problema no solo persiste, sino que se agrava.
“Esto ocurre desde que se inauguró el puente Rosario – Victoria. La ruta atraviesa una reserva natural con una biodiversidad increíble, pero nunca se pensaron mecanismos de protección para la fauna”, explica Franco Peruggino, integrante de Mundo Aparte.
La solución técnica existe y se aplica en otros países: se trata de los pasafaunas, estructuras como túneles o pasos elevados que permiten a los animales cruzar rutas de forma segura, sin invadir la calzada. “Para un animal, cruzar una ruta puede ser tan mortal como para un humano cruzar una autopista a pie”, advierte Sebastián Fermani, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Una demanda judicial sin juez competente
Durante la audiencia pública celebrada en febrero para debatir los nuevos pliegos licitatorios, el reclamo por la incorporación de pasafaunas fue reiterado por diversas organizaciones y ciudadanos. Sin embargo, el borrador del documento final no contempla estas estructuras. Ante esto, más de 70 ONG, lideradas por Mundo Aparte, presentaron en abril un amparo ambiental en el Juzgado Federal de Rosario, solicitando una medida cautelar que obligue a Vialidad Nacional a incorporar los pasafaunas como condición obligatoria para el nuevo concesionario.
La respuesta judicial, sin embargo, ha sido decepcionante para los activistas. El fuero federal rosarino se declaró incompetente y trasladó la causa a la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Allí, el juez Federico Martin también se excusó, dejando el expediente paralizado en la Cámara de Apelaciones, sin una resolución firme.
“Claramente hay competencia territorial, pero no creemos que el obstáculo sea técnico o legal. Nadie quiere firmar una cautelar que pueda afectar intereses económicos. Nos sentimos desamparados, y la fauna sigue muriendo día a día”, lamenta Peruggino.
Un precedente nacional y una oportunidad histórica
Argentina ya cuenta con antecedentes en este tipo de infraestructura ecológica. En 2008, se inauguró en Misiones el primer pasafauna aéreo de Latinoamérica, sobre la ruta nacional 101, en pleno corredor biológico Urugua-í-Foerster. Esa obra demostró que es posible mitigar el impacto de las rutas sobre la vida silvestre sin frenar el desarrollo.
Fermani destaca que, si bien existen algunos pasafaunas en el país, son escasos en comparación con la dimensión del problema. “El atropellamiento de fauna es una amenaza silenciosa pero devastadora. Cada animal que muere es parte de un ecosistema que se rompe. La Ruta 174 representa una oportunidad clave para avanzar hacia un modelo vial más sustentable”, señala.
Para los defensores del ambiente, la actual licitación es una instancia única. “Si no logramos que los pasafaunas estén en los pliegos ahora, probablemente pasen 30 años hasta que vuelva a discutirse el tema”, remarca Peruggino.
Mientras la justicia dilata una respuesta y los pliegos definitivos se preparan para su publicación, la presión ciudadana crece. Organizaciones ambientalistas, comunidades locales, científicos y referentes de la conservación insisten en que proteger la biodiversidad no es un lujo ni un capricho, sino una necesidad urgente en una de las regiones más frágiles y valiosas del país: los humedales del Paraná.
