Una consulta pública impulsada por la administración isleña reaviva tensiones entre preocupaciones ambientales, intereses económicos y el reclamo argentino de soberanía.
Las Islas Malvinas vuelven a estar en el centro de la controversia, esta vez por motivos ambientales y productivos. La administración local del archipiélago —no reconocida por Argentina— anunció que entre el 30 de junio y el 24 de agosto abrirá una consulta pública para que los habitantes expresen su postura ante la posible instalación de granjas industriales de producción de salmón en las aguas que rodean las islas. La medida ha generado fuertes críticas desde organizaciones ambientales, referentes científicos y sectores del gobierno argentino, que cuestionan tanto el impacto ecológico del proyecto como la legitimidad de su impulso.
¿Qué se consulta?
Los residentes del archipiélago deberán elegir entre cuatro opciones que marcarán el rumbo de una de las decisiones más importantes en términos ambientales para la región:
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Prohibir completamente la cría de salmones.
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Permitirla sin restricciones, salvo las impuestas por la capacidad de carga del ecosistema.
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Autorizarla, pero con límites más estrictos que la capacidad de carga.
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Aprobar solo métodos de producción especializados, como la salmonicultura orgánica.
Aunque el resultado de la consulta no será vinculante, servirá como insumo para la Asamblea Legislativa isleña, órgano que tomará la decisión final sobre el tema.
El proyecto detrás: capital danés e interés local
La empresa Unity Marine, integrada por inversores daneses y locales, presentó el plan que generó esta discusión. El proyecto propone la instalación de granjas flotantes de salmón con una producción inicial estimada de 50.000 toneladas anuales, y proyecciones de escalar hasta 200.000 toneladas.
De concretarse, sería una de las mayores operaciones de salmonicultura en el hemisferio sur, con potencial para alterar de forma significativa los ecosistemas marítimos de la región.
Riesgos ambientales: ¿otro Chile?
La experiencia en países como Chile, pionero en salmonicultura industrial, funciona como advertencia. En 2021, miles de toneladas de salmones muertos fueron retirados del fiordo Comau y canales como Jacaf y Puyuhuapi, luego de una explosión de algas tóxicas provocada por la contaminación de las granjas.
Catalina Cendoya, directora de Resistencia Global contra la Salmonicultura en la ONG Por el Mar, explicó en diálogo con TN que una granja de salmón “es, en esencia, un feedlot en el agua”. El hacinamiento extremo, el uso de pesticidas y antiparasitarios, y la acumulación de residuos generan un cóctel tóxico que impacta no solo a los salmones, sino a todo el ecosistema marino.
Entre las consecuencias mencionadas por Cendoya, destacan:
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La aparición de “zonas muertas” por acumulación de excrementos y alimentos no consumidos.
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Propagación del piojo de mar, un parásito que afecta a los peces nativos y cuya densidad se multiplica por 16 respecto al entorno natural.
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Daños a especies clave como la centolla, el cangrejo y la langosta, esenciales para la pesca artesanal y la biodiversidad del Atlántico sur.
“Los salmones son peces atléticos, capaces de nadar hasta 6.000 kilómetros. No hay forma de que se mantengan contenidos en un territorio. Si las granjas se instalan en las Malvinas, los efectos llegarán al continente”, advirtió la especialista.
Preocupación en Tierra del Fuego
En 2021, la provincia de Tierra del Fuego fue pionera en Argentina al prohibir por ley la cría de salmones en sus aguas. La decisión respondió al consenso científico sobre los impactos negativos de la actividad y a la necesidad de preservar los ecosistemas costeros patagónicos.
Ahora, la posibilidad de que estas explotaciones se instalen frente a su costa genera alarma. La centolla, uno de los productos estrella de la pesca fueguina y de su identidad turística y gastronómica, podría verse seriamente afectada por las alteraciones en la cadena trófica marina.
Soberanía y explotación de recursos
Más allá de los aspectos ambientales, la noticia revive el conflicto diplomático entre Argentina y el Reino Unido. El gobierno argentino considera ilegítima cualquier acción que implique la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama desde hace casi dos siglos.
Desde la Cancillería argentina ya se ha expresado el repudio a cualquier intento unilateral de avanzar sobre estos territorios, y voces dentro del Congreso anticiparon que presentarán proyectos para exigir explicaciones y posibles sanciones económicas contra empresas involucradas.
Un modelo en debate
La consulta pública podría transformarse en el primer paso hacia una actividad de consecuencias difíciles de revertir. La tensión entre desarrollo económico, intereses geopolíticos y la conservación ambiental vuelve a posicionar a las Islas Malvinas como un territorio de alta sensibilidad regional. La decisión que adopten las autoridades locales no solo marcará el futuro ecológico del Atlántico sur, sino también el tono de las relaciones bilaterales y el enfoque sobre la soberanía de los recursos en disputa.
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