Tras 14 años de prohibición, el Gobierno nacional decidió no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, que impedían la exportación de desechos metales y no ferrosos. La medida, anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permitirá que Argentina vuelva a exportar chatarra al exterior, como no ocurría desde 2009.
“El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello, ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23, por los cuales se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, expresó Sturzenegger en su cuenta de X.
El ministro explicó que la prohibición tenía efectos nocivos al desincentivar el reciclado y al limitar oportunidades de negocio en sectores clave de la economía. Entre los ejemplos destacados, mencionó los cables de cobre desechados por las telefónicas, cuya exportación estaba vedada a pesar de tener un activo mercado en el exterior. “De esta manera, la norma beneficiaba a los procesadores de chatarra, pero perjudicaba a quienes la producían, típicamente empresas más pequeñas de reciclado”, agregó.
El impacto de la medida
La decisión de no renovar los decretos busca fomentar la competitividad, abrir nuevos mercados internacionales para el reciclado e incentivar la valorización de residuos. Desde el Gobierno también destacan que esta medida podría tener un impacto positivo en la balanza comercial, al convertir materiales reciclables en una fuente de ingresos en dólares para el país.
“La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby”, concluyó Sturzenegger.
La exportación de desechos metálicos y no ferrosos fue suspendida originalmente en 2009 mediante un decreto que se pensó como transitorio, con una vigencia de 180 días. Sin embargo, la medida se prolongó a través de sucesivas renovaciones durante las administraciones de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, alcanzando más de una década de vigencia.
Los decretos 1040/2020 y 70/23 justificaron la suspensión argumentando que la industria siderúrgica argentina dependía de estos desechos como insumo y que el país carecía de un abastecimiento fluido de chatarra. Según las normas, la medida buscaba aumentar la oferta de metales básicos, reducir sus precios en el mercado interno y mejorar la competitividad de las industrias locales.
Con esta decisión, el Gobierno de Milei busca revertir la dinámica de los últimos años, priorizando la apertura económica y la generación de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas del sector. Además, la medida promueve un uso más eficiente de los recursos y posiciona al país en el mercado internacional de reciclado, con potenciales beneficios económicos y ambientales.
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