La corrupción es una de las principales causas que alimentan los delitos medioambientales y frenan la lucha contra el cambio climático en América Latina. Así lo revela el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI), publicado este martes, que otorga a la mayoría de los países de la región una puntuación inferior a 50 sobre 100.
Los países latinoamericanos mejor posicionados en el ranking son Uruguay, con 76 puntos; Chile, con 63; y Costa Rica, con 58. Son los únicos tres países de la región que superan los 50 puntos y muestran avances en la lucha contra la corrupción. En particular, Uruguay y Costa Rica mejoraron en tres puntos respecto al informe anterior, mientras que Chile retrocedió en la misma proporción.
El informe destaca el caso de Uruguay, donde instituciones sólidas, una gestión transparente de los datos ambientales y canales efectivos de participación ciudadana han evitado que el país caiga en la polarización y el populismo que afectan a otras naciones de la región.
En el otro extremo del ranking, Venezuela obtiene apenas 10 puntos y se posiciona como el país más corrupto de América Latina, ubicándose solo por delante de Sudán del Sur y Somalia a nivel global. Nicaragua, con 14 puntos, se encuentra en el puesto 172 de 180 países evaluados. Ambas naciones registraron una pérdida de tres puntos respecto al año anterior.
Otros países con bajos desempeños incluyen a Honduras (22 puntos, un punto menos), Paraguay (24, cuatro menos), México (26, cinco menos) y Bolivia (28, uno menos).
En el caso de México, Transparencia Internacional señala que la pérdida de cinco puntos en solo un año responde a la debilidad de su poder judicial, el cual no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos como Odebrecht y Segalmex.
La falta de transparencia y la debilidad institucional permiten que el crimen organizado controle vastas zonas de América Latina y explote recursos naturales sin restricciones, según el informe de TI. Entre los delitos ambientales más frecuentes se encuentran la tala ilegal en Ecuador, la minería ilegal en Chile y Colombia, y el tráfico de flora y fauna en Brasil.
En Brasil, un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero vinculados al tráfico de vida silvestre. En Perú, expertos advierten que la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en 2024 fomentará la deforestación ilegal y beneficiará intereses particulares.
La corrupción también ha convertido a América Latina en la región más peligrosa para los defensores ambientales. De los 1.013 asesinatos de activistas registrados desde 2019, el 80% (794) ocurrieron en la región, especialmente en Brasil, Colombia y México.
En Honduras, investigaciones han revelado que empresarios, políticos y el crimen organizado han estado involucrados en al menos tres asesinatos de activistas que expusieron esquemas de corrupción.
Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe, sostiene que «la aplicación de sanciones más firmes y una mayor regulación a los bancos y abogados que facilitan a los corruptos y criminales blanquear su dinero sucio constituyen medidas esenciales para desmantelar las redes de la corrupción».
El informe enfatiza que el combate contra la corrupción no solo es clave para la democracia y la estabilidad política, sino también para la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático en la región.
Denuncian a una empresa de agroquímicos de contaminar el río Gualeguaychú
