Una denuncia sobre venta de cotorras verdes en una agroveterinaria de Oberá derivó en una reunión interinstitucional. Autoridades provinciales, fuerzas de seguridad, ONG y especialistas coincidieron en la necesidad de establecer criterios claros y normativas específicas.
Una reciente denuncia ciudadana por la venta de ejemplares de Myiopsitta monachus, más conocida como cotorra verde, en una agroveterinaria de la ciudad de Oberá, reavivó un debate profundo sobre la tenencia, comercialización y control de aves silvestres en la provincia de Misiones. Si bien el operativo realizado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, en conjunto con la Policía de Misiones y el centro de rescate OHANA, no arrojó infracciones formales, el caso sirvió de disparador para analizar los vacíos normativos existentes y la necesidad urgente de establecer protocolos claros de actuación.
Frente a este escenario, se convocó a una reunión de trabajo encabezada por el Ministerio de Ecología, con la participación de autoridades provinciales, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones científicas, organizaciones civiles y legisladores. El objetivo: abrir un espacio de análisis y discusión sobre los criterios actuales que regulan la circulación de ejemplares de fauna silvestre, especialmente de especies como la cotorra verde, cuya situación legal varía en función del contexto ecológico y jurídico.
El operativo: documentación en regla, pero dudas persistentes
La intervención en la veterinaria de Oberá fue llevada adelante por la Dirección de Fauna del Ministerio de Ecologia, en conjunto con la División de Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, con acompañamiento del centro de rescate OHANA. Allí se constató la presencia de cotorras verdes en condiciones de venta, aunque los inspectores verificaron que las aves contaban con la documentación exigida: una guía de tránsito emitida en la provincia de Corrientes y los certificados sanitarios correspondientes.
En función de ello, se labró el acta correspondiente y no se identificaron infracciones directas por parte del comercio. Sin embargo, la situación generó inquietud entre los actores vinculados a la conservación y al control ambiental. Entre los puntos que causaron mayor preocupación se destacó la ausencia de inscripción del comercio en el Registro Nacional de Operadores de Fauna Silvestre, así como su categorización ante la AFIP (ahora ARCA) como comercio de animales domésticos, sin habilitación específica para fauna silvestre.
Este escenario, aunque legalmente complejo, visibilizó un problema más profundo: la falta de criterios uniformes y de regulación integral para este tipo de prácticas en el ámbito provincial y nacional.
La cotorra verde: entre lo nativo y lo exótico
Uno de los aspectos centrales que surgieron en la reunión fue la ambigüedad legal y ecológica que rodea a la especie Myiopsitta monachus. Conocida popularmente como cotorra o cotorrita verdigrís, se trata de un psitácido originario del centro-sur de Sudamérica, cuya distribución abarca varias provincias argentinas. En el caso de Misiones, es una especie nativa, aunque no está categorizada como protegida ni presenta riesgos de conservación.
Sin embargo, en otras jurisdicciones, como las provincias patagónicas, esta misma especie es considerada exótica e invasora, con habilitación para su control y erradicación, dada su capacidad para desplazar especies autóctonas y causar daños en cultivos. Esta dualidad jurídica y ecológica genera inconsistencias en su manejo, especialmente en lo relativo a la tenencia, transporte y comercialización entre provincias.
Durante el encuentro, se confirmó que las aves involucradas provenían de criaderos, por lo que no requerían un estatus especial de protección. No obstante, su comercialización sigue estando sujeta a requisitos estrictos, que incluyen certificado de origen, certificado sanitario, permiso de ingreso emitido por el Ministerio de Ecología y la identificación individualizada de los ejemplares. Aun cumpliendo con esos requisitos, la ausencia de inscripción del vendedor en el registro nacional y su habilitación tributaria errónea ponen en evidencia fallas en el control interjurisdiccional y comercial.
La trazabilidad, en el centro del debate
Uno de los ejes más relevantes que se discutió en la mesa de trabajo fue la trazabilidad de los ejemplares de fauna silvestre. Sin una trazabilidad clara y verificable —es decir, sin una cadena documental que permita reconstruir el origen, transporte, estado sanitario y destino de cada ejemplar— se vuelve prácticamente imposible garantizar que las aves en venta provengan efectivamente de criaderos autorizados y no del tráfico ilegal.
Esta preocupación fue compartida por representantes del centro de rescate OHANA, de Aves Argentinas y del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), así como por los funcionarios de la cartera ecológica. El consenso general apuntó a que cualquier estrategia de conservación debe partir de la trazabilidad como herramienta clave para la legalidad, la sanidad y la sostenibilidad del comercio de fauna.
Iniciativa legislativa y regulación futura
La dimensión normativa también ocupó un lugar destacado en la reunión. En ese sentido, el diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, propuso avanzar en la elaboración de una reglamentación específica para la comercialización de animales silvestres, que contemple aspectos como el hacinamiento, el tráfico ilegal, la protección de especies y los riesgos sanitarios.
Desde el área jurídica del Ministerio de Ecología, Jerzy Zakidalsky puntualizó que, si bien los registros comerciales corresponden al ámbito municipal, el control de especies silvestres y su regulación es competencia del Estado provincial, lo que obliga a coordinar acciones y responsabilidades entre niveles de gobierno. En este marco, se planteó la necesidad de generar herramientas legales claras, actualizadas y aplicables, que doten a los organismos de control de mayores certezas y capacidad de intervención.
El rol de la Policía Ambiental
Otro de los actores clave en la reunión fue la División de Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones, encabezada por el comisario Maximiliano Jaques. Desde esa fuerza se subrayó la importancia de contar con un protocolo de actuación unificado, que establezca claramente los pasos a seguir ante la detección de ejemplares en venta, tenencia irregular, transporte o comercio no autorizado.
El pedido se orienta a evitar superposiciones, omisiones o contradicciones entre organismos, y a fortalecer una respuesta coordinada y ágil ante el tráfico ilegal de fauna, una problemática que sigue vigente y que representa un serio riesgo para la biodiversidad misionera.
Un llamado a la cooperación interinstitucional
Más allá de las tensiones y divergencias, la reunión se desarrolló en un marco de diálogo constructivo y cooperación, con la mirada puesta en generar consensos y políticas públicas eficaces. La diversidad de actores presentes fue un reflejo de la complejidad del tema, que involucra aspectos ambientales, sanitarios, legales, comerciales y éticos.
Participaron del encuentro el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; el director de Impacto Ambiental, Franco García Sosa; la directora de Biodiversidad, Patricia Sandoval; el responsable jurídico Jerzy Zakidalsky y representantes del centro de rescate OHANA, entre ellos Fernando Piesco y los abogados Micaela Draicchio y Mauricio Trigo.
También estuvieron presentes Damián Lozano y Rodrigo Fariña, en representación de Aves Argentinas, el director ejecutivo del IMiBio, Emanuel Grassi, el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Misiones, Pablo Jorge Castillo, y el diputado Rafael Pereyra Pigerl. Esta amplia participación evidenció que la gestión de la fauna silvestre no es responsabilidad de un único actor, sino que requiere trabajo conjunto y articulado.
Perspectivas hacia adelante
Como resultado de la reunión, se acordó avanzar en tres líneas de acción:
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Revisión y actualización normativa, tanto en el plano provincial como nacional, para clarificar las condiciones de tenencia, transporte y comercialización de especies como la cotorra verde.
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Elaboración de un protocolo de actuación interinstitucional, que defina claramente el rol de cada organismo en casos de detección de irregularidades o tráfico ilegal.
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Fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad, con énfasis en la identificación individualizada, la exigencia de certificados y la inscripción obligatoria en los registros correspondientes.
Estas acciones buscan reducir los márgenes de ilegalidad, brindar mayor seguridad jurídica a comerciantes y criadores autorizados, y garantizar que las prácticas comerciales no comprometan la conservación de la fauna ni la salud pública.
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