jueves, febrero 19, 2026
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Acuerdo histórico: Bayer desembolsará US$ 7.250 millones por litigios del glifosato

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En un nuevo capítulo de una de las sagas legales y ambientales más complejas de nuestro tiempo, la multinacional Bayer ha propuesto un acuerdo de U$S 7.250 millones para resolver miles de demandas en Estados Unidos. Los demandantes acusan a la compañía de no haber advertido adecuadamente sobre los riesgos cancerígenos de su popular herbicida Roundup, cuyo ingrediente activo es el polémico glifosato. Este movimiento busca poner fin a una ola de litigios que vinculan el producto con el desarrollo de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático.

Una compensación con matices

El acuerdo, presentado ante el Tribunal de Circuito de San Luis, en Misuri, establece un plan de pagos anuales que se extenderá durante 21 años. Sin embargo, la compensación no será uniforme. Los montos han sido cuidadosamente segmentados según el perfil del afectado, considerando factores como el nivel de exposición, la edad al momento del diagnóstico y la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, un trabajador agrícola diagnosticado antes de los 60 años podría recibir cerca de U$S 165.000, una cifra que refleja un alto nivel de exposición laboral.

En contraste, los usuarios residenciales, cuya exposición se considera menor, recibirán sumas significativamente más bajas: un promedio de U$S 20.000 para quienes fueron diagnosticados entre los 60 y 77 años, y U$S 10.000 para los mayores de 78. El abogado Christopher Seeger, uno de los impulsores del acuerdo, afirmó que se busca ofrecer una «compensación significativa» tanto para los casos actuales como para los futuros. No obstante, la propuesta ha generado opiniones divididas en la comunidad legal, con algunos abogados considerando las cifras insuficientes y anticipando que muchos de sus clientes podrían optar por rechazar el acuerdo y continuar con sus litigios individuales.

La batalla legal y científica continúa

Es crucial destacar que este acuerdo no implica un reconocimiento de culpa ni de responsabilidad por parte de Bayer. La compañía mantiene firmemente su postura de que el glifosato es seguro cuando se utiliza según las indicaciones, respaldándose en la autorización de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). De hecho, Bayer argumenta que la aprobación federal debería prevalecer sobre las normativas estatales más estrictas, un punto que será analizado próximamente por la Corte Suprema.

Esta posición choca frontalmente con la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, que en 2015 catalogó al glifosato como un «probable carcinógeno para los seres humanos». Esta divergencia científica ha sido el combustible de una batalla judicial sin precedentes, donde algunos casos individuales han resultado en veredictos multimillonarios a favor de los demandantes. Aunque Bayer ya ha resuelto más de 130.000 reclamaciones, todavía quedan unas 65.000 causas pendientes, y el largo período de latencia del cáncer abre la puerta a nuevos litigios en el futuro.

Bayer desembolsará US$ 7.250 millones por litigios del glifosato
Bayer desembolsará US$ 7.250 millones por litigios del glifosato

Una estrategia corporativa a futuro

Para hacer frente a esta monumental contingencia legal, Bayer ya ha destinado un total de 13.900 millones de dólares. La presión ha sido tal que la compañía tomó una decisión estratégica clave: retirar el glifosato de la versión de Roundup destinada al mercado residencial en Estados Unidos. Sin embargo, el compuesto sigue siendo el pilar de sus productos para el sector agrícola a gran escala.

Paralelamente, la empresa está impulsando cambios legislativos en varios estados para limitar la responsabilidad de los fabricantes de pesticidas, una medida que ya ha sido aprobada en Dakota del Norte y Georgia. Este caso trasciende las cortes de Estados Unidos; es un reflejo del debate global sobre el modelo agrícola, la regulación de los agroquímicos y la responsabilidad corporativa frente a la salud pública y el medio ambiente. Mientras la justicia intenta poner precio al daño, la discusión sobre la seguridad del glifosato y su impacto en los ecosistemas, como la reciente alerta sobre la contaminación del 70% de los suelos en Europa, sigue más abierta que nunca.

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