Fue uno de los hitos latinoamericanos de la pasada cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas en Madrid (COP25): la firma del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia.
Este tratado regional “establece estándares de protección más altos para la defensa de la vida de las personas defensoras ambientales y para garantizar su derecho a participar en asuntos ambientales que puedan afectarlas”, remarca Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA).
“Varios países de la región, entre ellos, Brasil, Colombia, México y Honduras, siguen ocupando deshonrosos primeros puestos como países donde se han asesinado a la mayor cantidad de personas defensoras ambientales”, agrega.
Aunque la firma de este acuerdo implica la ratificación del mismo, en el caso colombiano, esa ratificación se ha hecho esperar: hasta el pasado lunes el Congreso colombiano no había votado a favor del Proyecto de Ley No. 109/2022. Así, finalmente se aprobó el ‘Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe’, el nombre oficial que recibe dicho tratado.
Esta victoria fue celebrada por la sociedad civil colombiana que inundó las redes sociales alabando este avance, ya que supone “el reconocimiento de lo que implica ser un defensor ambiental en Colombia”, manifestó Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad.
“Fueron más de tres años haciendo pedagogía, investigando, dialogando. Es maravilloso ver como las juventudes, varias organizaciones étnicas y movimientos locales se apropiaron del Acuerdo y lo impulsaron”, señala por su parte Mauricio Madrigal, abogado ambiental y profesor de la Universidad de Los Andes.
Un impulso decisivo para un largo proceso
“Si bien el Acuerdo se firma en el marco del gobierno de Iván Duque, desafortunadamente, este no fue una prioridad dentro del gobierno nacional”, lamenta Torres. “Sin el acompañamiento de un gobierno es muy difícil que un proyecto de ley avance”, dice la también portavoz de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil que ha impulsado la tramitación de dicha ley en el Congreso.
Para la abogada de AIDA, “el insistente trabajo de la Alianza por el Acuerdo de Escazú supo aprovechar la ventana de oportunidad que dibujó el nuevo clima político en Colombia”, sostuvo, apuntando al nuevo gobierno deGustavo Petro. “Desde agosto, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un plan de emergencia para la protección de personas defensoras ambientales, explicando que se trataba del inicio de la implementación de Escazú”, recuerda.
Aunque se acerca el final de este largo proceso, el Acuerdo de Escazú aún debe pasar dos tramos antes de que Colombia se convierta en el catorceavo país de América Latina y el Caribe en ratificarlo, entre ellos el fallo de la Corte Constitucional, que indique la constitucionalidad de la Ley. Sin embargo, lo más difícil vendrá a continuación, ya que, tras la ratificación, deberá implementarlo, de manera que, además de los derechos de acceso, se garantice la protección de las personas defensoras de derechos en asuntos ambientales.
“Escazú es un instrumento de pisos mínimos, establece lo básico. El reto, sin duda, está en la reglamentación temática y sectorial, en donde se deben integrar enfoques transversales, como el biocultural y de género, y se deben reconocer las formas de gobernanza y de gobierno desde abajo, desde las comunidades. En esencia, es un puente entre la democracia y la democratización ambiental”, considera Madrigal.
Según Rodríguez, “como sociedad civil nos corresponde impulsar que se haga pedagogía con las comunidades rurales acerca de los derechos y mecanismos contenidos en el acuerdo, participar en los escenarios o mesas de diálogo destinados a su reglamentación, e implementación, entre otros”.
En eso coincide Vanessa Torres, que asegura que “Escazú es del pueblo y debe ser supervisado y monitoreado por los ciudadanos”.
Fuente: DW
