Se trata de una extensión superior a las 10 hectáreas en la costa del Río Paraná, que mediante un amparo ambiental se logró que se reconociera como espacio público.
Al respecto, Florencia Rus, arquitecta, becaria del Conicet e integrante del colectivo, en diálogo con MOL TV, explicó que el Consejo Deliberante aprobó en 2019 seis excepciones al Código de Planeamiento de la ciudad para dar lugar a la obra del shopping sobre la playa Arazaty que llevaría a cabo la empresa Hoco S.A.
Uno de los argumentos planteados para esta decisión es que el terreno anteriormente era privado. Sin embargo, esta playa se construyó mediante el reculado de arena en un lugar donde previamente era agua.
- Leé también: El río Paraná creció en los últimos días, pero la perspectiva es «netamente desfavorable» para los próximos meses
“Nuestro colectivo lucha para que la empresa no avance sobre un sector que es de playa pública, que es una de las más utilizada”, explicó.
Además, aseguró que esta decisión fue tomada sin que previamente se realice un estudio del impacto ambiental que podría tener la realización de la obra en ese lugar, que según detalló Ros, se trataría de un trabajo de gran magnitud. Al mismo tiempo mencionó que hay evidencias que indican que estas obras generarían un gran daño ambiental.
“Este proceso está judicializado y nuestro colectivo después que se aprobó la construcción, lo judicializamos mediante el acompañamiento de un grupo de abogados y esto se encuentra en curso. El amparo ambiental se dio lugar para que esto sea reconocido como espacio público, pero la empresa y la municipalidad avanzan igual por otros caminos paralelos”, detalló.
Según señaló la integrante del colectivo, pese a que existen resoluciones de la Justicia para que este lugar sea preservado como espacio público, hay un convenio entre las compañías involucradas y el municipio que sigue su curso y por este motivo es que se sigue reclamando que se respete el predio público.
“Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y tratar de frenarlo (…) exigimos que se defienda ese espacio que se construyó con deuda pública y el pago de todos los correntinos”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la postura del colectivo no apunta a que no se construya un shopping u otras obras, sino el reclamo va en contra de la utilización de tierras públicas para emprendimientos privados, que ni siquiera tienen estudios realizados que confirmen que no representan un perjuicio para el ambiente.
Cabe señalar que en total son aproximadamente 10,44 hectáreas de superficie de ocupación privada existente y proyectada en las playas públicas de la Costanera Sur de la capital correntina, que se distribuyen con dos paradores, el relleno realizado por un club, rellenos considerados ilegales por los manifestantes y el plan de un shopping.
Las impactantes imágenes de la mayor sequía en 77 años del río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica
Crean un robot que limpia las playas y funciona con energía solar
