La Conferencia de las Partes (COP27) sobre cambio climático empezó a negociar esta semana su declaración final, que se publicará el viernes y en el que las finanzas para adaptación y mitigación, así como para pérdidas y daños, estarán en el centro de atención.
Los delegados empezaron a discutir este martes estos aspectos principales divididos en grupos de trabajo liderados por los ministros, como es habitual en las conferencias, para dar paso a la negociación política.
Los Estados insulares agrupados en AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares), un grupo pequeño pero que ha tenido fuerte presencia en la conferencia, ya anticiparon que no se irán de la COP27 sin un fondo para paliar las pérdidas y daños sufridos por el cambio climático.
«Hemos renunciado a mucho (…) Así que esperamos que (los países desarrollados) sean capaces de tener en cuenta algunas de nuestras prioridades. Y nuestras prioridades no han cambiado desde el primer día», explicó Conrod Hunte, negociador principal de AOSIS.
El grupo, que también es miembro del G77, considera que «es importante establecer ese fondo en esta COP para no perder el impulso», insistió Hunte, de Antigua y Barbuda.
Estados Unidos y la Unión Europea se muestran reacios a la creación de un nuevo mecanismo para pagar los daños y pérdidas a los países en desarrollo por unos daños que sufren sin haber provocado.
En la conferencia del clima de Copenhague, en 2009, los países desarrollados admitieron que deben pagar los costos por el daño provocado y se comprometieron a crear un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2015 para mitigación y adaptación.
«La promesa de los 100.000 millones de dólares para la acción climática no puede soslayarse más, porque esa cantidad es ya insuficiente ante los desafíos que tenemos», expresó Fiame Naomi Mataafa, la primera ministra de Samoa, un país insular amenazado por la subida del nivel de los océanos.
Asimismo, Brasil, Sudáfrica, India y China (el grupo BASIC) recordó que esos 100.000 millones al año son apenas «una pequeña fracción» del dinero necesario para la transformación del modelo energético que impone el cambio climático
Más allá del número, el dinero sigue sin aparecer y los países más vulnerables reclaman un pago por los daños y las pérdidas, en lugar de financiación para la adaptación.
Algunos países como Estados Unidos y Alemania se mostraron a favor de Global Shields, un seguro que se active cuando, por ejemplo, la sequía amenace una cosecha, algo que es visto con recelo por los países afectados, que alertan que lo que se necesita es un mecanismo claro de financiamiento y que un seguro no cubre pérdidas como el aumento del nivel del mar o la desertificación.
Pese a la expectativa, las discusiones sobre este punto podrían extenderse hasta 2024, según el calendario pactado en la COP26 del año pasado en Glasgow, Escocia.
Hunte, sin embargo, aseguró que irse de Sharm el Sheij «sin nada no es una opción».
De la COP27 tiene que salir como mínimo «un acuerdo para que trabajemos en pos de un fondo», reclamó el negociador, citado por la agencia de noticias AFP.
Además, aseguró que «China apoya plenamente» la creación del fondo.
El caso de China es particular: es el país que más gases de efecto invernadero genera, aunque no es el que más ha generado desde la era preindustrial, a la vez que es considerado un país en desarrollo.
Detener el calentamiento global
El objetivo general que los países buscan alcanzar es el fijado en la COP21 de París (2015) de evitar que el aumento de la temperatura del planeta supere los 2° y hacer esfuerzos por dejarlo en 1,5°, y también debería aparecer en el nuevo texto final, un documento que por ahora apenas menciona los deseos de los negociadores.
Para alcanzar esa meta, hay un grupo de países, entre ellos Colombia y la India, que insisten en el abandono progresivo de los combustibles fósiles, una meta que se ha ido alejando a medida que la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania impulsó a varios países europeos a reactivar sus plantas de carbón para abastecerse de energía.
Eso ha provocado este año una cifra récord de emisiones de dióxido de carbono (CO2), según un informe publicado durante la COP27.
En este contexto, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles su compromiso de proteger la Amazonia en un discurso muy esperado por una comunidad internacional ansiosa de ver concretarse un giro medioambiental en el gigante latinoamericano, donde la deforestación de la Amazonia avanzó con fuerza bajo el mandato de Jair Bolsonaro.
